Ciudad de México.- La llamada ‘ley antimemes’ ha generado preocupación y debate en redes sociales luego de que el Gobierno de México publicara una serie de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contemplan penas de hasta 10 años de prisión por diversas actividades relacionadas con la piratería y el uso no autorizado de obras protegidas.

El decreto apareció este 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor el sábado 14 de noviembre. Entre sus disposiciones establece sanciones para quienes produzcan, distribuyan, vendan o financien productos piratas, tanto en establecimientos físicos como a través de plataformas digitales.

¿Compartir memes podría llevarte a prisión?

Aunque en redes sociales la reforma ha sido identificada como ‘ley antimemes’, el decreto no establece un delito específico por crear, compartir o publicar memes, tampoco menciona expresamente las burlas a políticos o la sátira. Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten que la redacción de algunas disposiciones podría generar interpretaciones amplias sobre el uso de fotografías, ilustraciones y fragmentos de obras protegidas.

La reforma contempla de cuatro a diez años de prisión para quienes reproduzcan, distribuyan, comercialicen o almacenen copias no autorizadas de música, películas, libros y otras obras protegidas a escala comercial. También establece sanciones para quienes proporcionen recursos, materiales o financiamiento con conocimiento de que serán utilizados para estas actividades.

Uno de los puntos que ha despertado inquietud es la definición de “escala comercial”, ya que no se limita a obtener ganancias económicas, sino que también incluye actividades que generen ventajas competitivas, valor agregado para un negocio o aprovechamiento de datos personales. Para determinarla se establece un umbral de 170 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con base en el valor del producto o servicio legítimo.

¿Qué otras conductas contempla la reforma?

Entre las nuevas disposiciones también se incluyen penas de cuatro a diez años de cárcel para quienes divulguen o distribuyan obras protegidas antes de su lanzamiento oficial, así como para quienes graben, transmitan o copien películas, total o parcialmente, dentro de las salas de cine sin autorización.

Asimismo, la legislación establece sanciones de tres a siete años de prisión por determinadas conductas relacionadas con la eliminación de protecciones tecnológicas de obras protegidas, la comercialización de dispositivos para evadirlas y la prestación de servicios destinados principalmente a ese propósito. Por otra parte, contempla de uno a cinco años de cárcel por suplantar la identidad de instituciones públicas mediante logotipos, documentos o dominios oficiales, cuando exista una finalidad ilícita y se cumplan los demás elementos previstos.

Las reformas también establecen que varios de estos delitos podrán investigarse de oficio, sin necesidad de que el titular de los derechos presente una querella. Además, contemplan mecanismos de reparación del daño económico y multas que pueden alcanzar cantidades importantes, dependiendo de la conducta y sus circunstancias.

Organizaciones como ARTICLE 19 han advertido que la ambigüedad de algunas disposiciones podría abrir la puerta a investigaciones contra periodistas y creadores de contenido. Especialistas de la Universidad Iberoamericana también han señalado la falta de protecciones expresas para la sátira, los memes y la crítica política. Aunque compartir una imagen humorística no constituye automáticamente un delito, las advertencias mantienen abierto el debate sobre los alcances de la reforma y sus posibles efectos en la libertad de expresión.

Fuente: Tribuna