Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que deportó a 483 mil 200 personas en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2026, la cifra más alta en un periodo de 12 meses en los 23 años de historia de la agencia y la más elevada desde 2014. El dato se conoce en medio del intento del presidente Donald Trump por cumplir su promesa de deportaciones masivas tras regresar a la Casa Blanca.
Según el reporte oficial, el total de 2026 superó en 9 por ciento el anterior máximo reciente de 442 mil 640 deportaciones registrado un año antes, y quedó 78 por ciento por encima de las 271 mil 480 de 2024, el último año de la presidencia de Joe Biden. Aun así, la cifra quedó lejos de la meta de 1 millón de deportaciones anuales planteada por la Casa Blanca.
¿Qué informó ICE y por qué el dato genera debate?
La agencia no había publicado cifras tan precisas desde que Trump volvió al poder, incluido 2025. En el comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó el resultado al respaldo presidencial y afirmó que el ICE fue liberado para perseguir y expulsar a migrantes sin estatus legal.
Sin embargo, el anuncio dejó fuera datos clave, como cuántas de las personas deportadas tenían antecedentes penales o un desglose detallado de las estadísticas. El investigador visitante del Migration Policy Institute y exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, Marc R. Rosenblum, señaló que, aunque sí hay cifras récord de arrestos, con recursos y personal reforzados, la información difundida no permite entender con detalle qué está ocurriendo.
También persisten dudas sobre la composición de las deportaciones. En julio, por ejemplo, solo alrededor de una cuarta parte de las personas deportadas tenía condenas penales, de acuerdo con el Deportation Data Project. Más de la mitad ni siquiera enfrentaba cargos, pese a que Trump prometió enfocar su ofensiva en “los peores de los peores”.
El contexto político detrás del récord de deportaciones
El informe llega después de las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada, en las que los demócratas lograron una victoria amplia, en medio de una reacción política alimentada por la estrategia migratoria de la Casa Blanca. Trump había hecho de la migración uno de los ejes de su campaña para volver al poder, con la promesa de frenar los cruces irregulares en la frontera sur y endurecer tanto la inmigración legal como la ilegal.
Para apuntalar esa política, su gobierno recibió miles de millones de dólares en financiamiento adicional del Congreso, con lo que fortaleció la burocracia migratoria federal. Aun con ese impulso, el total de 483 mil 200 deportaciones quedó muy por debajo del objetivo oficial de 1 millón al año.
La cifra de 2026 también rebasa ampliamente la de 2024, pero todavía está por debajo del registro de 405 mil 90 deportaciones de 2014 bajo el mandato de Barack Obama si se compara como referencia histórica reciente. Más atrás, el mayor volumen de deportaciones en la historia de Estados Unidos se atribuye a la ofensiva del presidente Dwight D. Eisenhower, cuando los registros se dispararon hasta 1.1 millones en 1954.
Minneapolis marcó un punto de quiebre en la ofensiva migratoria
Uno de los episodios más tensos de esta etapa ocurrió a principios de este año en Minneapolis, donde fueron desplegados más de 2 mil agentes federales. La operación provocó protestas de miles de manifestantes, que confrontaron a agentes enmascarados y fuertemente armados que se movilizaban en convoyes de vehículos sin identificación.
Durante esos enfrentamientos murieron dos ciudadanos estadounidenses: Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años. Tras esas muertes, la administración redujo las operaciones de alto perfil. Aunque los arrestos bajaron temporalmente, después volvieron a subir mediante redadas más discretas.
El impacto de estas acciones también se reflejó en comunidades rurales tradicionalmente republicanas, donde algunos votantes se alejaron del mensaje de la Casa Blanca al ver que vecinos y trabajadores de granjas, fincas y plantas de procesamiento de carne eran detenidos y deportados.
Fuente: Tribuna