Perú.- El gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, reforzará la seguridad en los centros penitenciarios mediante la participación de las Fuerzas Armadas, como parte de su estrategia para combatir la violencia y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las prisiones.
La medida fue establecida mediante un decreto publicado este domingo 8 de noviembre en el registro oficial, que autoriza de manera excepcional y temporal a los militares a realizar operativos y patrullajes en las zonas de influencia de los centros penitenciarios.
¿Qué funciones tendrán las Fuerzas Armadas en las prisiones?
Entre las facultades autorizadas se encuentra impedir el ingreso de armas y objetos prohibidos, así como detectar e inhabilitar el uso de aeronaves y señales de comunicación no autorizadas que puedan facilitar las actividades delictivas.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó que el objetivo es recuperar el control y el orden en las cárceles, además de cortar las conexiones con el exterior para impedir que las organizaciones criminales continúen dirigiendo delitos desde el interior de los penales.
Los centros penitenciarios contemplados en la estrategia, que permanecen bajo estado de emergencia renovado hasta enero, son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; El Milagro, en La Libertad; y Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima.
¿Qué tan grave es la crisis penitenciaria en Perú?
De acuerdo con un reporte del Consejo de Ministros, el sistema penitenciario enfrenta un hacinamiento que supera en 254 por ciento su capacidad instalada. Actualmente, las cárceles albergan alrededor de 107 mil personas, pese a que cuentan con espacio para aproximadamente 42 mil reclusos.
A esta problemática se suma la presencia de organizaciones criminales dentro de los penales. Las autoridades identifican al menos 494 internos vinculados con 217 grupos delictivos, entre ellos facciones del Tren de Aragua, organización surgida en las cárceles de Venezuela y extendida a distintos países de la región.
Desde que asumió la presidencia a finales de julio, Keiko Fujimori prometió aplicar una política de mano dura contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos que, según las autoridades, continúan siendo coordinados desde los centros penitenciarios. Como parte de las medidas para atender la sobrepoblación, su gobierno también anunció la construcción de dos nuevos centros carcelarios.
Fuente: Tribuna