México.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron en el primer minuto de este viernes 6 de noviembre un paro de labores indefinido en 40 sedes de 16 estados y en distintos inmuebles de la Ciudad de México, en protesta por la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre. El reclamo central es que el nuevo esquema, impulsado por el Órgano de Administración Judicial, podría afectar la permanencia del personal en sus cargos.

La protesta fue anunciada por Patricia Aguayo Bernal, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral y vocera de trabajadores inconformes, quien afirmó que el paro se mantendrá hasta que el acuerdo quede sin efectos o se abra una mesa de diálogo para construir una evaluación distinta. Según su postura, el personal no rechaza ser evaluado, pero sí que el proceso tenga consecuencias laborales como cambios de adscripción o separación del cargo.

¿Qué detonó el paro en el Poder Judicial?

El detonante inmediato fue la publicación en el DOF del acuerdo sobre la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026. De acuerdo con los trabajadores, la medida se difundió sin previo aviso y establece revisiones periódicas para determinar si una persona es apta para permanecer en su puesto o ser enviada a otra área.

Aguayo Bernal sostuvo que el nuevo mecanismo trastoca derechos laborales y genera incertidumbre entre la base trabajadora. En su explicación pública, señaló que quienes no obtengan un resultado positivo tendrían dos vías: presentar un recurso de revisión, que resolvería el Tribunal de Disciplina, o realizar un examen extraordinario.

También detalló que, según lo que han interpretado del acuerdo, una evaluación favorable daría una constancia de permanencia por dos años; un resultado medianamente satisfactorio permitiría conservar el empleo por un año; y un resultado negativo podría derivar en despido. En ese contexto, advirtió que trabajadores con 24 o 25 años de servicio temen perder su plaza.

¿Qué exigen los trabajadores y qué responde el Poder Judicial?

La exigencia principal es que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos el acuerdo actual y, en su lugar, emita otro que use la evaluación con fines de capacitación y mejora institucional, no como una herramienta de sanción. Los inconformes también cuestionan que, además de los exámenes, se contemple la calificación de los titulares de cada área.

En contraste, el Poder Judicial ha sostenido que la evaluación no implicará consecuencias individuales y que el personal no corre riesgo de ser separado de su cargo. Sin embargo, esa explicación no ha desactivado la inconformidad ni el paro.

Los trabajadores también han expresado sospechas de que el nuevo esquema podría abrir espacios para reemplazar personal de carrera por perfiles cercanos a los actuales mandos, especialmente en plazas como secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

¿Dónde hay paro y cuándo comenzaría la evaluación?

Hasta ahora, la suspensión de actividades se reporta en juzgados y tribunales de Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco, además de sedes de la Ciudad de México como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

Aunque una de las convocatorias habla de presencia en 16 estados, el listado difundido por trabajadores y reportes periodísticos incluye 17 entidades, por lo que ese dato sigue sujeto a precisión oficial. Lo que sí está confirmado es que el paro comenzó a la medianoche del 6 de noviembre y que la evaluación está prevista para realizarse del 4 al 15 de diciembre.

Para las personas con trámites, juicios o audiencias en curso, el impacto inmediato puede traducirse en retrasos en la atención y en la operación de juzgados y tribunales mientras continúe la protesta.

Fuente: Tribuna