Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones financieras con indicadores de riesgo relacionadas con una presunta red de corrupción en la proveeduría del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre, el organismo informó sobre el bloqueo preventivo de cuentas vinculadas con 40 personas físicas y morales, además de la presentación de una denuncia ante autoridades ministeriales.
¿Qué irregularidades financieras detectó la UIF?
El titular de la UIF, Omar Colmenares, explicó que los análisis financieros permitieron identificar diversos movimientos que encendieron las alertas de las autoridades, entre ellos transferencias de dinero entre cuentas sin una relación comercial aparente y recursos que permanecían poco tiempo en una cuenta antes de ser trasladados a otras.
Durante su intervención, Colmenares aclaró que no se trata de una sola operación irregular, sino de un conjunto de indicadores que, analizados en conjunto, permiten identificar posibles movimientos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Entre los ejemplos mencionó transferencias hacia personas estudiantes o adultas mayores que aparentemente no mantenían una actividad comercial vinculada con quienes enviaban el dinero. El funcionario precisó: “Es un conjunto, no podríamos hablar solamente de una sola irregularidad”, y agregó que estos elementos constituyen indicadores de riesgo para la institución, no una declaración definitiva de culpabilidad.
¿Cuántas personas y empresas fueron incorporadas a la lista de bloqueados?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, relacionadas con proveedores de materiales y servicios electorales. En total, la medida alcanza a 40 personas y entidades, después de que los análisis financieros identificaran movimientos que requieren una revisión por parte de las autoridades competentes.
La dependencia subrayó que la incorporación a esta lista constituye una medida administrativa preventiva y precautoria, por lo que no representa una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad penal. Asimismo, señaló que las personas y empresas incluidas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable. Esta precisión resulta relevante porque las investigaciones todavía deben establecer si los movimientos detectados constituyen delitos y quiénes serían responsables.
¿Qué ocurrirá con la denuncia presentada ante la Fiscalía?
Como parte de las acciones derivadas de sus análisis, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de investigar posibles delitos y determinar si existen elementos para ejercer acciones penales. La intervención de la Fiscalía permitirá profundizar en el origen, destino y posible utilización de los recursos identificados, así como establecer eventuales responsabilidades entre las personas relacionadas con los proveedores electorales.
El caso forma parte de los señalamientos presentados por el Gobierno federal sobre una presunta estructura de contratación irregular vinculada con los hermanos Hernández Casillas y empresas proveedoras del sector electoral. La investigación financiera añade una nueva dimensión al expediente, al incorporar movimientos bancarios y relaciones entre personas físicas y morales que deberán ser examinados por las autoridades.
Fuente: Tribuna