Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes 6 de noviembre un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para revisar la integridad de aspirantes a candidaturas rumbo al Proceso Electoral Concurrente 2027.
La medida busca evitar la infiltración del crimen organizado o de cualquier otra forma de criminalidad en candidaturas partidistas e independientes, mediante el intercambio de información entre autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero. El mecanismo, sin embargo, tendrá un alcance acotado: las revisiones serán voluntarias, dependerán del consentimiento de las personas involucradas y no implican por sí solas el retiro de una candidatura.
¿Qué hará el INE y qué instituciones participarán?
De acuerdo con el anuncio del instituto, el convenio permitirá desarrollar un procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable para personas que busquen una candidatura.
En la firma participarán la FGR, representada por Ernestina Godoy Ramos; la SSPC, encabezada por Omar Hamid García Harfuch; el CNI, a cargo de Francisco Almazán Barocio; además de la CNBV y la UIF.
El INE explicó que los partidos políticos y las personas aspirantes a una candidatura independiente podrán entregar, de manera voluntaria, los listados de quienes pretendan postular, junto con el consentimiento informado de cada persona. Después, el instituto enviará las solicitudes a las instancias competentes, que definirán con su propia metodología y criterios si existe o no un riesgo razonable.
¿Qué sí puede pasar con la revisión y cuáles son sus límites?
El objetivo del convenio es que el INE cuente con información de distintas dependencias federales antes de que una persona llegue a una candidatura, para identificar posibles vínculos o situaciones de riesgo.
Pero el propio diseño del mecanismo marca límites claros para el lector y para los actores políticos:
- La revisión no será automática para todas las candidaturas.
- La participación será voluntaria para partidos y aspirantes independientes.
- Se requerirá consentimiento informado de cada persona revisada.
- Las autoridades participantes determinarán la existencia o inexistencia de un riesgo razonable con base en sus propios criterios.
- Los resultados de la evaluación no significan en automático la cancelación de una candidatura.
Con ello, el convenio funcionará como una herramienta de prevención e intercambio de información, más que como un filtro definitivo con efectos inmediatos sobre el registro de candidaturas.
El contexto: investigaciones por contratos electorales y empresas señaladas
El anuncio ocurre en medio de investigaciones por presunta corrupción en contratos electorales y por una supuesta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas, identificados como proveedores de materiales electorales.
El 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que compañías relacionadas con esa red obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos con organismos electorales locales entre 2014 y 2023, mediante posibles esquemas de simulación de competencia.
Entre las empresas señaladas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Corporativo Zeg. Según una de las fuentes, el caso también ha sido relacionado con indagatorias sobre contratos electorales ligados a la gestión de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei.
En ese escenario, el nuevo convenio del INE se presenta como una medida para reforzar la vigilancia sobre quienes buscan competir en las elecciones de 2027 y para cerrar espacios a posibles candidaturas con vínculos delictivos.
Fuente: Tribuna