Ciudad de México.- El Gobierno federal presentó una investigación sobre una presunta red empresarial que habría concentrado contratos de materiales electorales con el INE y organismos estatales durante al menos 27 años. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló a los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas por presuntamente simular competencia entre empresas para quedarse con adjudicaciones millonarias.

Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Raquel Buenrostro afirmaron que el esquema tiene antecedentes desde la década de 1990 y que, tan sólo entre 2014 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a empresas vinculadas con esta red por más de 2 mil millones de pesos. En otra cifra citada en la exposición oficial, el monto referido asciende a 2 mil 646 millones de pesos.

La relevancia inmediata del caso es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya inmovilizó cuentas bancarias relacionadas con la investigación, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por ahora, se trata de una medida administrativa; las autoridades aún deben determinar si hubo faltas administrativas o delitos y quiénes serían responsables.

¿Qué encontró el Gobierno sobre la red de proveedores electorales?

De acuerdo con la investigación elaborada con fuentes abiertas, los hermanos Hernández Casillas trabajaron antes en la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población (Renapo) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de pasar al sector privado.

Buenrostro explicó que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar en Renapo y después en el Cisen. En paralelo, Raymundo Hernández Casillas se incorporó al área de investigaciones. Según la funcionaria, Padilla Aguilar fue el superior jerárquico que introdujo a ambos en la administración pública durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, los hermanos constituyeron empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de materiales electorales. La información oficial menciona que en 1999, mediante la empresa Cartonera Plástica, comenzaron a participar como proveedores en el Estado de México. El Gobierno sostiene que varias de estas compañías habrían intervenido en procedimientos de contratación bajo un esquema de simulación de competencia para concentrar adjudicaciones.

La investigación ubica el arranque de estas contrataciones en el entonces Instituto Electoral del Estado de México, antes de extenderse a otras entidades. Buenrostro también recordó un antecedente de 2005, cuando un escándalo por un contrato en ese organismo derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.

¿Por qué el periodo de 2014 a 2023 es clave en la investigación?

Uno de los principales hallazgos del Gobierno se concentra en el periodo posterior a la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE obtuvo la facultad de designar a los consejeros electorales de las 32 entidades.

Según la exposición oficial, fue en esa etapa cuando la red amplió su alcance: 23 de 32 OPLE contrataron a empresas vinculadas con los Hernández Casillas y el monto acumulado superó los 2 mil millones de pesos. La presidenta Sheinbaum subrayó que estas contrataciones no comenzaron con la actual presidencia del INE encabezada por Guadalupe Taddei, sino que existen antecedentes desde los años noventa y continuidad durante distintas administraciones, incluida la de Lorenzo Córdova.

Sheinbaum también recordó que Guadalupe Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, cuando Lorenzo Córdova encabezaba el INE. Aun así, insistió en que las autoridades fiscalizadoras y ministeriales son las que deberán revisar contratos, deslindar responsabilidades y establecer si hubo irregularidades.

En la misma línea, Buenrostro vinculó el caso con Juan Carlos Padilla Aguilar, hoy relacionado con la organización política Somos, donde también participan exfuncionarios del INE como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina. La funcionaria presentó esos nexos como parte del contexto político y administrativo de la red investigada.

¿Qué medidas anunció Sheinbaum y qué sigue en el caso?

Además del congelamiento de cuentas por parte de la UIF, la presidenta adelantó que la próxima semana presentará un decreto para reestructurar y modernizar Talleres Gráficos de México, con el objetivo de reducir la concentración de contratos de materiales electorales y transparentar costos.

La propuesta contempla modificar su Consejo de Administración e incorporar mecanismos adicionales de supervisión, incluida la participación de la ASF como observadora y la integración de instituciones académicas como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico de Monterrey.

Sheinbaum planteó que una mayor proporción de los materiales electorales se fabrique mediante esta empresa estatal. Para otros productos, como urnas y mamparas, propuso ampliar la participación de fabricantes nacionales mediante contrataciones directas con productores y reglas claras de precios.

Sobre el paradero de Guadalupe Taddei y de los hermanos Hernández Casillas, la mandataria dijo que presume que permanecen en México, aunque aclaró que esa información deberá confirmarse mediante las investigaciones correspondientes.

Hasta ahora, las acusaciones forman parte de una investigación oficial basada en información pública. La definición de responsabilidades dependerá de las indagatorias administrativas, financieras y ministeriales que sigan en curso.

Fuente: Tribuna