Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió tres líneas de trabajo para investigar posibles irregularidades en las adquisiciones y contrataciones del sistema electoral mexicano, integrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Las revisiones abarcan operaciones de hasta 25 años y buscan identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el uso de recursos públicos.

¿Cuáles son las tres líneas de investigación de la ASF?

La primera consiste en una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del INE y de los organismos electorales estatales. La segunda es un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de detectar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas indebidas de empresas o servidores públicos. La tercera corresponde a una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE. La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardiel, explicó que estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, en los que advirtió posibles irregularidades históricas en el manejo del gasto electoral.

¿Qué montos y empresas están bajo revisión?

El titular de la ASF informó ante diputados federales que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas electorales entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Durante la presentación de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, el funcionario detalló que, entre los hallazgos de los trabajos de inteligencia, identificaron proveedores de una de las razones sociales analizadas que realizaron operaciones con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntos vínculos con factureras. Las operaciones señaladas en ese apartado suman 21.3 millones de pesos. También reportó que otra empresa analizada se encuentra suspendida del padrón de importadores.

¿Qué busca determinar la auditoría sobre el sistema electoral?

Las investigaciones pretenden establecer si existieron mecanismos irregulares para concentrar contratos, favorecer a determinados proveedores o desviar recursos públicos en las instituciones electorales federales y estatales. La ASF sostuvo que desarrolla las revisiones dentro de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. Los montos identificados y las relaciones comerciales señaladas forman parte de los elementos bajo análisis, pero no constituyen por sí mismos una resolución definitiva de responsabilidades. El estudio histórico comprende 26 ejercicios fiscales, de 2000 a 2025, mientras que las operaciones atribuidas a los dos grupos empresariales llegan hasta 2026; los resultados de las auditorías deberán precisar las posibles responsabilidades y los recursos públicos involucrados.

Fuente: Tribuna