Estado de México.- Un juzgado federal concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro del juicio de amparo que promovió contra el auto de vinculación a proceso que enfrenta por presunta delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución fue emitida el 29 de octubre de 2026 por Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca. El caso cobra relevancia porque la medida frena, por ahora, los efectos del proceso judicial que le fue iniciado al exmandatario panista, quien además permanece bajo prisión domiciliaria, de acuerdo con reportes sobre el caso.

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¿Qué resolvió el juzgado federal en favor de Ernesto Ruffo?

De acuerdo con el expediente 1085/2026, el juzgado determinó conceder la medida cautelar al exgobernador contra los actos reclamados en su demanda de amparo.

La decisión se refiere específicamente a la vinculación a proceso dictada en julio de 2026 por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

En términos prácticos, la suspensión definitiva no equivale a una absolución ni cancela de manera automática las acusaciones de fondo, pero sí representa una protección judicial dentro del juicio de amparo mientras se revisa la legalidad del acto reclamado.

¿De qué acusan al exgobernador de Baja California?

Ruffo Appel enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y lavado de dinero, también referido en algunas versiones del caso como huachicol fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La noticia responde a la búsqueda de claridad sobre la situación jurídica del exmandatario: la suspensión definitiva fue concedida contra la decisión judicial que lo vinculó a proceso, pero el procedimiento penal sigue siendo parte del litigio abierto.

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El antecedente: amparos desechados y señalamientos sobre su reclusión

En agosto de 2026, la misma jueza, Azucena Lazalde Iñiguez, había desechado dos amparos promovidos por Ruffo Appel. En esos recursos, el exgobernador alegó presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica al interior del penal del Altiplano.

Con la nueva resolución, el caso vuelve a colocarse en el centro de atención por el alcance de la protección judicial concedida al también exmandatario panista, mientras continúan las acusaciones formuladas en su contra por autoridades federales.

Fuente: Tribuna