Ciudad de México.- El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó este viernes 30 de octubre ante diputados que cinco funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentan procedimientos de responsabilidad por presuntas faltas graves relacionadas con conflictos de interés en la adjudicación de contratos y que ya se formalizaron las imputaciones, aunque se reservó los nombres y las pruebas.
¿Cuántos expedientes investiga el órgano interno de control?
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Carvente Contreras detalló que el OIC tiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en las contrataciones del instituto: 13 permanecen en etapa de investigación y cinco corresponden a procedimientos de responsabilidad.
El funcionario explicó que no podía revelar identidades, números de expediente ni elementos probatorios porque los procedimientos no tienen resultados definitivos. También aseguró que las irregularidades difundidas recientemente por medios de comunicación ya habían sido identificadas por el área de auditoría: “Estos hechos noticiosos ya los teníamos informados en el área de auditoría”.
El titular del órgano de control añadió que los problemas detectados no necesariamente corresponden únicamente a la administración de Guadalupe Taddei Zavala, sino que tienen antecedentes en el sistema de contratación de materiales electorales.
¿Qué empresas habrían concentrado contratos por 2 mil 461 millones de pesos?
Carvente Contreras denunció la existencia de una red de cinco empresas que, desde 2014, habría concentrado contratos para proveer material electoral a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Según su exposición, las compañías mantienen vínculos entre sí y presuntamente simularon competencia para obtener adjudicaciones por un total de 2 mil 461 millones de pesos.
Entre las firmas mencionadas destacó Cajas Graf, relacionada con el empresario Alfredo Hernández. De acuerdo con el funcionario, esta compañía acumuló mil 72 millones de pesos en contratos, cerca de 43.6 por ciento del monto total atribuido a las cinco empresas. Carvente advirtió que el problema también alcanza a los organismos electorales estatales: “Es un asunto que no es estrictamente del INE, sino de todos los OPLES”.
El titular del OIC sostuvo que la presunta colusión entre proveedores habría provocado un encarecimiento de los materiales electorales. “Existe una colusión que eleva los precios”, afirmó durante su comparecencia.
¿Qué porcentaje de los contratos falta por fiscalizar?
El funcionario señaló que los contratos que han recibido atención mediática representan aproximadamente 4 por ciento de las contrataciones del INE, mientras que el 96 por ciento restante todavía no había sido fiscalizado, según el balance presentado ante los diputados.
También informó que el órgano interno de control había revisado hasta ese momento a una de las empresas involucradas: Comercializadora JVLY. La cifra de contratos pendientes de revisión plantea un universo más amplio para las auditorías, cuyos resultados podrían determinar si existen otras responsabilidades administrativas o posibles consecuencias penales.
Fuente: Tribuna