Ciudad de México.- El Órgano Interno de Control del INE informó que tiene 18 expedientes abiertos por presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción dentro del instituto. De ese total, 13 siguen en etapa de investigación y 5 ya avanzaron a procedimiento de responsabilidades, lo que implica que los servidores públicos señalados ya fueron citados a una audiencia inicial y recibieron una imputación formal.
El anuncio fue hecho por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular de la OIC del Instituto Nacional Electoral, durante su comparecencia este viernes 30 de octubre ante la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por la polémica en torno a la gestión de Guadalupe Taddei y por los señalamientos sobre contratos, conflicto de interés y posibles vínculos entre proveedores y funcionarios.
¿Qué dijo la Contraloría del INE sobre los 18 expedientes?
Carvente Contreras detalló que los 18 expedientes están relacionados con distintas conductas presuntamente irregulares dentro del INE. Según explicó, cada expediente está personalizado, es decir, corresponde a una persona específica.
De acuerdo con su exposición, 8 de los 13 expedientes en investigación derivan del área de auditoría del propio órgano de control, que ya había detectado los hechos antes de que fueran difundidos en medios de comunicación. También señaló que existe un “expediente maestro” del que se desprenden otros cuatro casos.
Entre las conductas bajo revisión están la presunta actuación bajo conflicto de interés, el ocultamiento de ese conflicto de interés, irregularidades en contrataciones y el presunto uso indebido de recursos públicos.
Además, el contralor indicó que cinco personas, cuyos nombres no fueron revelados, ya están señaladas por faltas graves. La identidad de los involucrados y los elementos de prueba se mantienen en reserva para no afectar las indagatorias.
El contexto: La polémica por Guadalupe Taddei y los contratos del INE
La comparecencia ocurre después de los señalamientos públicos sobre la administración del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del organismo. Las acusaciones apuntan a un posible conflicto de interés por la relación que sostenía con José Alfredo Hernández Casillas, identificado en reportes periodísticos como empresario y contratista del INE.
La investigación también menciona a Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano del contratista. Según los reportes citados en las fuentes, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde 2023 a una red de empresas proveedoras de materiales electorales por posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y operaciones con presuntas empresas factureras.
Entre las empresas mencionadas en los señalamientos públicos están TOL Producciones, Corporativo ZEG, Cajas Graf y Cosmocolor. También se señaló que Talleres Gráficos de México, durante la gestión del hoy consejero Arturo Chávez, firmó un contrato millonario con Cosmocolor. Hasta ahora, sin embargo, estos señalamientos no constituyen una resolución definitiva sobre responsabilidades.
¿Qué sigue en la investigación y por qué importa?
El siguiente paso será que las investigaciones determinen si hubo irregularidades, quiénes fueron los responsables y qué sanciones proceden. En el caso de los 5 expedientes que ya avanzaron, el proceso formal ya comenzó con la notificación para audiencia inicial.
Durante su comparecencia, Carvente Contreras también afirmó que 96 por ciento de los contratos del INE deben ser fiscalizados porque presentan “elementos de riesgo”, lo que amplía el alcance de la revisión interna sobre contrataciones en el organismo.
Para el público, el dato clave es que el caso ya no está solo en fase de denuncia o revisión preliminar: el INE, a través de su órgano de control, ya formalizó imputaciones contra cinco servidores públicos en medio de una investigación más amplia sobre contratos y presuntos conflictos de interés.
Fuente: Tribuna