Ciudad de México.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez López, quedó bajo escrutinio luego de que se revelara que firmó un contrato por 71 millones de dólares, equivalentes a unos 1,300 millones de pesos, para la elaboración de credenciales para votar cuando era director de Talleres Gráficos de México. El caso cobró fuerza porque el convenio involucra a Cosmocolor, empresa ligada al escándalo de presunto conflicto de interés que rodeó a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.
La revelación se da en medio de la polémica por la red de funcionarios y proveedores que, según una revisión de Latinus, dejó comprometidos recursos públicos por más de 2,500 millones de pesos en al menos seis contratos que se extienden hasta 2031. Para el lector, el dato central es que uno de esos convenios clave fue firmado por quien hoy ocupa un asiento en el Consejo General del INE.
¿Qué se sabe del contrato de 1,300 millones de pesos?
De acuerdo con los documentos citados por Latinus, Talleres Gráficos de México, Cosmocolor e Icards Solutions participaron de manera conjunta para obtener el proyecto de fabricación de credenciales electorales hasta 2031.
El contrato fue firmado por Arturo Chávez López cuando encabezaba Talleres Gráficos de México y también por Mario Burciaga, entonces director de Recursos Materiales del INE. Cuatro meses después de la firma, Chávez López fue nombrado consejero electoral del INE por la Cámara de Diputados.
La relevancia política del caso no sólo está en el monto, sino en la conexión con el entorno de Taddei. Según la información difundida, el vicepresidente de Cosmocolor, Fernando Marón Kahwagi, aparece en un video junto al llamado “contratista favorito” de Guadalupe Taddei y con Mario Burciaga.
El video que detonó el caso y la salida de Mario Burciaga
El nuevo foco sobre este contrato surgió tras la difusión de un video en el que presuntamente aparecen funcionarios y proveedores celebrando la asignación del proyecto. En esas imágenes, grabadas presuntamente en diciembre de 2025, participan José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf; Ramón Mondragón, director ejecutivo de Grupo Anémona; y Mario Burciaga.
Grupo Anémona fue identificado como la empresa encargada de generar el código QR de las credenciales para votar. Durante la reunión, según lo reportado, Hernández Casillas agradece a Guadalupe Taddei por su “apoyo en el proyecto”, mientras Burciaga brinda por la entonces presidenta del INE.
Tras la difusión del video, Mario Burciaga dejó el instituto el martes 27 de octubre. El material abrió cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios electorales y proveedores que participaron en la adjudicación del contrato.
¿Por qué el caso de Arturo Chávez impacta al INE y a la propuesta de Sheinbaum?
La controversia también alcanza a Arturo Chávez López por su cercanía previa con Guadalupe Taddei durante su paso por el INE y por sus antecedentes de colaboración con Claudia Sheinbaum cuando ella fue alcaldesa de Tlalpan.
El caso adquiere mayor peso porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado convertir a Talleres Gráficos de México en una empresa formal, con consejo de administración y observación externa, para que produzca la mayor parte del material electoral y así combatir el llamado “coyotaje”.
Sin embargo, la participación de Talleres Gráficos en este contrato con Cosmocolor reavivó dudas sobre si ese modelo bastaría para evitar futuros conflictos de interés en las compras del sistema electoral.
La herencia de contratos que dejó la gestión de Taddei
La revisión de Latinus sobre contrataciones del INE en 2025 y 2026 señala que funcionarios de la estructura de Guadalupe Taddei comprometieron más de 2,500 millones de pesos en convenios vigentes hasta 2031.
Entre los nombres mencionados en esos contratos aparecen Jesús Octavio García González, Iliana Hernández Gómez, Mario Burciaga y Alejandro Sosa. En ese contexto, el contrato de 1,300 millones de pesos firmado por Arturo Chávez López se convirtió en una de las piezas más sensibles del caso por involucrar al actual consejero del INE y a una empresa vinculada al círculo de proveedores bajo sospecha.
Fuente: Tribuna