Caso Tlaxcala: Mentiras, impunidad e injusticia

Ciudad de México.- Era la mañana del 13 de agosto de 2002, y Jorge había regresado de hacer algunas compras. Lo que no sabía es que ese era el último día en 24 años que estaría en libertad, luego de ser injustamente acusado y apresado por agentes de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala a unos metros de su domicilio, en el Estado de México.

“Yo había salido por las compras para desayunar, a las 10 aproximadamente de la mañana. Vi un coche afuera de mi casa, voy llegando y se bajan tres tipos, se abalanzaron sobre mí y me sometieron”, explica, en entrevista exclusiva para TRIBUNA CAPITAL.

Los agentes en realidad no lo buscaban a él, sino a Alejandro, su hermano, que entonces tenía solo 10 años de edad. La historia de las detenciones arbitrarias se repetiría cinco veces más con José Ramos, Ricardo Almanza, Sergio Rodríguez y los hermanos Hugo y Oswaldo.

Ellos no lo sabían, y no lo supieron sino hasta días después, pero se les acusaba de formar parte de la banda de Los Kempes, dedicados al secuestro en el estado de Tlaxcala. Incluso fueron expuestos en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada y presentados ante los medios de comunicación como culpables sin que antes hubiera un juicio, una acusación, pruebas, nada.

En algunos de los casos, como el de la familia Rodríguez, el vínculo filial entre Sergio y sus hijos Hugo y Oswaldo fue suficiente para detenerlos arbitrariamente. José, calificado por las autoridades como el jefe de la banda, era concuño de Sergio, mientras que Ricardo salía con la hermana de Jorge.

Desesperación y chivos expiatorios

Aunque la parte más grave de los hechos ocurrió el 13 de agosto, todo comenzó meses atrás. En 2001, una oleada de secuestros provocó las protestas de los empresarios de Tlaxcala, quienes le exigían resultados al entonces gobernador, Alfonso Sánchez.

“Encontramos a un periodista, Tomás Baños, que cuando vamos a decirle que fueron los que los filmaron para la rueda de prensa, ese señor nos dice, ‘¿de qué casos me están hablando?’ Le dijimos de Rafael Armas Luna y de Irma Rugeiro.

Nos dijo: ‘yo estuve ayudando a una reportera que hizo un reportaje de estos dos chicos y ellos denunciaban directamente a la Policía’. Antes de que detuvieran a nuestros familiares, las víctimas denunciaban directamente a la policía”, explica María Isabel Ramos, hermana de José.

Meses antes, las víctimas de los secuestros por los que procesaron a los seis hombres habían denunciado que los propios agentes de la Policía estatal habían intervenido sus teléfonos, les pidieron dinero y los extorsionaron.

Cuando la presión social estuvo a punto de estallar, las autoridades tlaxcaltecas no tuvieron otra salida que fabricar chivos expiatorios, como lo señalan las investigaciones hechas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.

Desaparición y tortura

Con precisión quirúrgica, agentes de la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala retuvieron a quienes decidieron que serían, de ahora en adelante, los integrantes de la Banda de los Kempes: José Ramos, empleado federal; Sergio Rodríguez, operador de transporte pesado para el Gobierno de la Ciudad de México; sus dos hijos, Hugo y Oswaldo, y otros dos jóvenes, Jorge Hernández y Ricardo Almanza, quien siguió hasta Tlaxcala a quien entonces era su cuñado para saber de qué se le acusaba.

“Subimos unas escaleras y vi que están Jorge, Osvaldo, Hugo y el señor José como esperando, pero viendo hacia la pared, estaban ahí como sometidos. Entonces, al momento de que me voy acercando, una de las personas que me acompañaba cambia su actitud, me voltea las manos y me pone de la misma posición en la que estaban ellos.

Me dijo: ‘pues es que tú por tonto, ahora vienes en nombre de Alejandro’. Vi todo eso y les empecé a decir: ‘yo nomás vine a pedir informes, vine a ver a mi familiar’. Y que me cachetean, me pegan en la cara para que guardara silencio, pues era una rueda de prensa y que ya después me iban a explicar”, recuerda Ricardo.

Los testimonios de los seis concuerdan en una cosa: las torturas continuadas desde su detención hasta su presentación ante los medios de comunicación. Golpizas, sofocación, electrocución, tratos vejatorios, retención ilegal y privación de alimentos fueron la constante.

Al final, la clave en todos los casos fue amenazarlos con hacerles daño a sus familiares; allí se doblaron todos y aceptaron los cargos que se les imputaron y por los que cinco de ellos, en 2008, fueron sentenciados a 77 años de prisión.

Una liberación a cuentagotas

El primero en salir, ocho meses después de haber sido capturado, fue Hugo. Aunque había sido exonerado de los cargos porque las autoridades no lograron vincularlo con las presuntas actividades criminales, el estigma de la prisión lo persiguió.

Tras su salida, trató de rehacer su vida y consiguió trabajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Era 2003 y ya era padre de un pequeño de 5 años de edad, pero su empleador decidió despedirlo al conocer sus antecedentes. La falta de empleo lo empujó a buscar su futuro en los Estados Unidos.

Diez años más tarde, José Ramos murió en reclusión. Las causas oficiales de su fallecimiento demostraron que había sido sometido a torturas y a golpizas, las cuales minaron poco a poco su salud.

Desafortunadamente, mi hermano falleció en 2013 en prisión, por la tortura que le propiciaron desde que lo detuvieron, en los traslados y estando en la cárcel hasta el día de su muerte. Tengo el dictamen médico de que falleció por hematomas en el hígado formados por golpes. Falleció en el 2013 y, pues gracias a Dios, porque esto siguió para largo, hasta el 2026 son muchos años, quién sabe si hubiese resistido. Pero la lucha seguía”, señala María Isabel.

El siguiente en abandonar la prisión fue Oswaldo, en 2017, cuando la corrupción ya le había arrebatado 15 años de su vida. Las autoridades lo dejaron libre por falta de pruebas, pero él no fue feliz cuando salió, pues se preocupaba por su padre.

“No sentí nada de gusto; salí el 16 de diciembre. Yo no me puse contento; al contrario, creo que me puse a llorar en ese momento. Para mí fue muy difícil tener que dejar a mi papá, todo el tiempo juntos, todo el tiempo haciendo cosas juntos y cuidándonos.

Fue una situación en la que tuvimos que estar todos juntos, espalda con espalda para cuidarnos y de repente tú te vas y él no; incluso yo le decía a mi papá: ‘voy a buscar la manera de cambiarte el lugar’, aunque sé que es imposible”, relata Oswaldo.

Una pena mayor

Cuando don Sergio, de más de 60 años de edad, recuerda el sismo del 85, se estremece. Rememora los muertos, las paladas de cadáveres que eran llevados al Bordo de Xochiaca para que la cifra oficial cuadrara. Era conductor de carga pesada del entonces Departamento del Distrito Federal, y siguió siéndolo hasta ser detenido.

También se estremece cuando recuerda a la gente que perdió mientras estuvo en reclusión. A sus papás, a su esposa que contrajo cáncer mientras seguía luchando por su libertad, enfrentando a un gobierno cerrado en no reconocer sus propias culpas, sus propios monstruos.

Me marcó la parte de mis padres, que no estuve con ellos cuando ellos murieron. Primero se fue mi mamá, luego mi papá, que se dejó morir por mi mamá. Llevaban casi 60 años de casados. Desgraciadamente, a mi esposa le dio cáncer por lo mismo, por el estrés, por todo lo que estábamos pasando, y murió. Lo más impactante es que duré un año, ocho o nueve meses, sin verla por el cáncer. Llegó un momento en que fue sola y ya no lo conocí, ya no la conocía”, recuerda Sergio.

Solo la vio una ocasión más. Una visita fugaz para despedirse, para sellar el amor que la llevó a esperarlo con la otra pena, la de los familiares que sufren desde afuera, con desesperación, por las injusticias.

“Me dijo: ‘esta es la última vez que vengo a verte, dame mi beso, ya no te voy a venir a ver’. No dije nada, me quedé callado, se había puesto dos inyecciones de morfina para irme a ver y se les escapó a mis hijos. Eso fue el martes, el domingo murió”, añade.

Un nuevo amanecer

De forma escalonada, los tres hombres que aún quedaban en reclusión fueron liberados hace pocos días. Más de 24 años tuvieron que pasar para que se demostrara que no tenían ninguna relación en los hechos de los que eran acusados.

Pero las cicatrices quedan. El síndrome de estrés postraumático de Jorge, el que ya no puede ver bien con el ojo izquierdo, las dificultades de Oswaldo por conseguir un empleo, sus años de terapia para no suicidarse, la vida de Hugo en Estados Unidos, la de Ricardo, que intenta reincorporarse poco a poco a lo cotidiano, la ausencia de José entre tantas y tantas ausencias de un mundo que sienten ajeno, que ya no les pertenece.

“Llegas a tu casa y la ves de una forma muy diferente; duele mucho. No conozco la ciudad, no sé andar en la calle; mis hijos me tienen que llevar y traer. Quise manejar y no pude por los nervios”, señala Sergio.

La pesadilla terminó, pero lo que no debe olvidarse es la exigencia de justicia y reparación para quienes el sistema falló, arruinándoles sus vidas, las de sus familias, incluso llevándolos a la tumba.

“Que (el Gobierno) haga su trabajo, que repare los daños a los muchachos, para mí nada, para mi familia nada. A mi hermano le quitaron la vida y la única reparación que yo pediría sería que me devolvieran a mi hermano y eso es imposible.

Que les reparen el daño a ellos, ellos tienen todavía una vida por delante. Son chamacos que detuvieron de 20 y 21 años, Sergio tiene 60 y tantos, pero gracias a Dios la libró y aquí está. Todavía tiene tiempo de disfrutar a su familia el tiempo que le quede”, concluye María Isabel.

Fuente: Tribuna