Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar qué motivó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de Grupo SIMSA, operada por Gas Natural del Noroeste en San José Iturbide, Guanajuato. El caso fue presentado inicialmente como un decomiso de presunto huachicol, pero después surgieron inconsistencias sobre la acreditación de la ilegalidad del hidrocarburo y no se reportaron personas detenidas.
La mandataria señaló que corresponde a la FGR informar si había alguna actividad ilegal y cuáles fueron las razones para intervenir las instalaciones, en un caso que ahora se revisa también por la trazabilidad fiscal y financiera del combustible.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre el aseguramiento en Guanajuato?
Sheinbaum evitó pronunciarse sobre si existieron irregularidades en la terminal y sostuvo que, por la autonomía de la Fiscalía, debe ser esa institución la que aclare el expediente.
“La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, afirmó.
La petición ocurre después de que se difundieran dudas sobre el operativo en la terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones de litros de combustible.
¿Por qué surgieron dudas sobre el caso de huachicol?
El caso fue presentado por autoridades como un decomiso de 59 millones de litros de presunto huachicol. Sin embargo, posteriormente se reportó que no se había acreditado la ilegalidad del combustible ni había personas detenidas por el aseguramiento.
Ante ese escenario, la fiscal general Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) atrajera la carpeta iniciada en Guanajuato.
La investigación revisa ahora la documentación de las empresas involucradas, así como la trazabilidad fiscal y financiera del combustible, un punto clave para determinar su procedencia legal.
¿Qué respondió la empresa y cómo empezó la investigación?
Gas Natural del Noroeste sostuvo que la terminal opera desde hace nueve años con los permisos federales correspondientes y que no es propietaria del combustible almacenado, sino que presta servicios a empresas que deben acreditar la propiedad y procedencia legal de los productos.
La empresa aseguró además que entregó a la FGR la documentación sobre su operación y la relación comercial con los usuarios de la terminal, y dijo confiar en que la revisión confirmará la legalidad de las instalaciones y del combustible de sus clientes.
El expediente se originó el 3 de julio, con la detención del conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de combustible cuya trazabilidad no pudo acreditar, según la información difundida por la propia FGR. A partir de esa línea de investigación, las indagatorias condujeron a la terminal de San José Iturbide.
¿Qué otras autoridades han dicho sobre el aseguramiento?
La gobernadora de Guanajuato, Libia García, sostuvo que los permisos de operación de la terminal no bastan para demostrar la procedencia legal de los 59 millones de litros y señaló que corresponde a las empresas involucradas acreditar la trazabilidad del producto.
En paralelo, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó perfeccionar la política contra el huachicol y reforzar los mecanismos para seguir la trazabilidad del combustible.
Por ahora, el punto central del caso sigue abierto: la FGR deberá precisar si el aseguramiento en la terminal de Grupo SIMSA respondió a una actividad ilegal comprobada o a irregularidades detectadas durante la investigación.
Fuente: Tribuna