Ciudad de México.- A dos años y medio del desalojo en General Anaya 27, en La Merced, unas 50 familias continúan en un campamento sobre la vía pública. En enero de 2024, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) aseguró el inmueble e imputó despojo a habitantes con hasta cuatro generaciones en el sitio, dejándolos sin pertenencias ni debido proceso.
Afectados denuncian la paralización de la investigación y un condicionamiento oficial para acceder a sus expedientes. Ante la inacción de las autoridades de la Ciudad de México, los vecinos realizaron un festival con comparsas y testimonios para exigir la devolución de sus viviendas y visibilizar lo que colectivos señalan como gentrificación y criminalización de la pobreza.
Fuente: Tribuna