Ciudad de México.- México fue uno de los países con mayor retroceso en Estado de Derecho durante 2026. El más reciente índice del World Justice Project (WJP) señala que el país cayó 2.7 por ciento en un año, obtuvo una puntuación general de 0.39 y descendió del lugar 121 al 125 en la clasificación internacional. Con ese resultado, se ubicó como el cuarto país con la mayor caída en esta medición.
El dato aparece en un contexto global adverso: El 62 por ciento de los países evaluados registró un deterioro en su Estado de Derecho, frente al 38 por ciento que mejoró, de acuerdo con el informe publicado por el WJP. El reporte advierte que las restricciones a libertades, la injerencia gubernamental en la justicia y el debilitamiento de los controles al poder siguen empujando el deterioro en distintas regiones, incluido México.
¿Qué dice el informe sobre México?
De acuerdo con el índice, México quedó en el puesto 125 de la tabla mundial tras perder cuatro posiciones respecto al año anterior. La medición citada por las fuentes ubica al país por encima de naciones como Uganda, Mali, Irán, Mozambique, Bolivia, Pakistán, Mauritania, Etiopía, Camerún, Egipto, República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán, Nicaragua, Camboya, Haití, Afganistán y Venezuela.
El WJP atribuye el retroceso mexicano a problemas en varios frentes: limitaciones a los poderes del gobierno, corrupción, falta de transparencia, falta de respeto a los derechos humanos, debilidades en la aplicación de la normatividad y escasez de justicia civil y penal.
Según el reporte, el único rubro en el que México mostró avance fue orden y seguridad, especialmente en la limitación del conflicto civil. Aun así, la tendencia general sigue siendo negativa: el país acumula una caída de 5.7 por ciento en el último lustro y, de acuerdo con otra cifra del mismo análisis citada por las fuentes, desde 2019 el retroceso acumulado alcanza 8.4 por ciento.
El contexto: Reforma Judicial y alertas sobre independencia
El deterioro reportado para México ocurre en el contexto del primer año en funciones de jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular, un cambio derivado de la Reforma al Poder Judicial.
Antes de esa implementación, organizaciones internacionales y especialistas habían advertido que la elección de jueces podía debilitar la independencia judicial y, con ello, afectar el Estado de Derecho. En ese mismo debate, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib) por respaldar los cambios impulsados por la reforma.
Según esa organización, hubo una violación de estándares internacionales sobre independencia judicial, un señalamiento que se suma a las alertas sobre la influencia indebida del poder político en la justicia.
La caída no es sólo de México: así va el panorama mundial
El informe del World Justice Project evalúa entre 143 y 145 países, según las versiones citadas por las fuentes, y coloca a Dinamarca en la primera posición global, mientras que Venezuela aparece en el último lugar por segundo año consecutivo.
Entre los países que también retrocedieron están Estados Unidos, que bajó 1.8 por ciento y se ubicó en el puesto 30; Rusia, que cayó 1.7 por ciento hasta el lugar 121; y China, con una baja inferior al 1 por ciento y posición 92. En contraste, Brasil mejoró menos del 1 por ciento y quedó en el lugar 76.
En América Latina y el Caribe, 19 de 32 países evaluados empeoraron en el último año. Aun así, la región concentra la mitad de los diez países que más mejoraron entre 2025 y 2026. Uruguay encabeza la clasificación regional en el puesto 22 mundial, seguido de Costa Rica y Barbados.
El deterioro sostenido también aparece en la tendencia de largo plazo: el 86 por ciento de los países del mundo acumula retrocesos en Estado de Derecho durante los últimos cinco años. Entre los indicadores más afectados están la libertad de opinión y expresión, que cayó en el 64 por ciento de los países; la libertad de reunión y asociación, en el 67 por ciento; y la participación ciudadana, en el 65 por ciento.
Además, la justicia civil se debilitó en el 64 por ciento de los países, la justicia penal en el 58 por ciento y los límites judiciales a los poderes gubernamentales retrocedieron en el 63 por ciento de los Estados evaluados.
El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, advirtió que la expansión de prácticas autoritarias “ya no es solo una tendencia emergente, sino que se ha arraigado en muchas partes del mundo”.
El índice del WJP se publica cada año desde 2009 y se construye con más de 215,000 encuestas a hogares y 3,400 encuestas a profesionales del derecho y expertos. El estudio también señala que los países con un PIB per cápita superior a la media mundial de 14,406 dólares suelen obtener puntuaciones de 0.68 o superiores en una escala de 0 a 1.
Fuente: Tribuna