Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles 21 de octubre permitir que el gobierno del presidente Donald Trump aplique de inmediato nuevas restricciones a la atención médica de las personas transgénero encarceladas. La decisión mantiene vigente el fallo de un tribunal inferior que protege temporalmente la continuidad de sus tratamientos.

La resolución representa un nuevo revés judicial para la administración republicana, que busca modificar las políticas federales relacionadas con las personas transgénero. La orden de la Corte no incluyó una explicación jurídica detallada, mientras que los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas habrían respaldado la aplicación provisional de las restricciones.

¿Qué cambios buscaba implementar el gobierno de Trump?

La política deriva de una orden ejecutiva de Trump que instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a revisar sus protocolos médicos para impedir el uso de fondos federales destinados a tratamientos que, según el documento, buscan adecuar la apariencia de una persona encarcelada al sexo opuesto.

Las medidas contemplaban suspender las cirugías de afirmación de género, reducir gradualmente los tratamientos hormonales y eliminar algunas adaptaciones sociales, como el uso de maquillaje y pelucas. Los servicios de salud mental continuarían disponibles, de acuerdo con los lineamientos planteados por el gobierno.

¿Qué argumentos presentaron los tribunales?

El juez federal Royce Lamberth, designado durante la presidencia de Ronald Reagan, ordenó mantener los tratamientos mientras continúa el litigio. Advirtió que la disforia de género sin atención adecuada puede provocar consecuencias graves para la salud mental, como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Un tribunal de apelaciones confirmó posteriormente la medida, aunque con una votación dividida.

La administración Trump apeló al argumentar que los tratamientos planteaban preocupaciones de seguridad y que ya no podían justificarse. Sin embargo, los abogados de las personas encarceladas señalaron que el gobierno no había presentado pruebas suficientes de problemas de seguridad asociados con la terapia hormonal, utilizada durante décadas en el sistema penitenciario federal.

De acuerdo con documentos judiciales, alrededor de 600 personas encarceladas recibían terapia hormonal en 2025. Sus representantes legales sostuvieron que suspender estos tratamientos podría tener efectos significativos tanto en sus cuerpos como en su salud mental.

La decisión de la Corte Suprema no resuelve definitivamente la disputa, sino que mantiene bloqueada la aplicación inmediata de las restricciones mientras continúa el proceso judicial. El fallo se produce en medio de otras controversias sobre las políticas de la administración Trump hacia las personas transgénero, incluidas las relacionadas con el servicio militar, los pasaportes y los tratamientos médicos para menores de edad.

Fuente: Tribuna