Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un decreto dirigido a las plataformas digitales para prevenir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan la violencia, el acoso, los discursos de odio y la explotación sexual. La propuesta contempla mecanismos de protección, controles parentales y retiro de material dañino, pero inicialmente no establece multas ni castigos para las empresas que se adhieran al esquema.

¿Qué prohíbe el decreto sobre plataformas digitales?

De acuerdo con la explicación presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, el instrumento contempla restricciones para la difusión o recomendación de materiales relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, autolesiones, suicidio y trastornos alimenticios.

También incluye contenidos relacionados con violencia escolar, acoso, ciberacoso y conductas ilícitas. El objetivo anunciado es reforzar la protección de menores en los espacios digitales y evitar que los sistemas de recomendación expongan a usuarios jóvenes a materiales perjudiciales.

Sheinbaum explicó que la propuesta surgió después de los hechos violentos registrados en Coahuila. La mandataria señaló que busca que las compañías tecnológicas participen en la prevención de la violencia entre niñas, niños y adolescentes.

¿Habrá multas para las plataformas que incumplan?

La presidenta aclaró que el decreto, en su primera etapa, no contempla sanciones económicas ni castigos específicos. En cambio, plantea un esquema de colaboración con las empresas tecnológicas para que adopten las medidas de protección propuestas por el Gobierno federal.

“No creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a eliminar las cuentas en donde se está promoviendo la violencia en las escuelas”, afirmó Sheinbaum. Añadió que el propósito inicial es que las compañías se sumen voluntariamente a la protección de menores.

La mandataria también advirtió que, si la colaboración no funciona, su gobierno podría avanzar hacia otras medidas para hacer obligatorias las disposiciones. “Si no cumplen, pues entonces ya pasamos a otra cosa”, declaró.

Según lo anunciado, el decreto se sustenta en la Constitución y en la legislación de protección de niñas, niños y adolescentes. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación estaba prevista para el martes o miércoles de la semana siguiente, de acuerdo con las declaraciones proporcionadas.

¿Qué medidas deberán implementar las empresas tecnológicas?

María Luisa Alcalde, representante de la Consejería Jurídica de la Presidencia, explicó que la propuesta contempla medidas de seguridad desde el diseño de las plataformas. Entre ellas figuran mecanismos para identificar y retirar contenidos o cuentas que promuevan la violencia, así como filtros de acceso apropiados para la edad de los usuarios.

El esquema también plantea herramientas de supervisión parental, canales accesibles para denunciar material inadecuado y configuraciones de privacidad reforzadas desde el registro inicial. Estas medidas buscan facilitar que madres, padres y tutores tengan mayores herramientas para acompañar la actividad digital de los menores.

Además, se prevé establecer puntos de contacto permanentes entre las plataformas y las autoridades, preservar evidencia cuando sea necesaria para investigaciones y emitir alertas ante situaciones que representen un riesgo para la vida. La aplicación concreta de estos mecanismos dependerá de los lineamientos y acuerdos que se establezcan.

¿Cómo participarán las autoridades y las plataformas?

José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que la estrategia se basará en el diálogo y la coordinación con las empresas tecnológicas. De acuerdo con su explicación, las plataformas ya cuentan con políticas internas para retirar contenidos perjudiciales, pero el Gobierno busca ampliar las categorías de riesgo y fortalecer los protocolos de colaboración.

El plan contempla mesas de trabajo interinstitucionales para desarrollar futuras propuestas regulatorias y mejorar los mecanismos para compartir información con las autoridades investigadoras, conforme a los procedimientos aplicables.

Como parte de las acciones complementarias, el Gobierno federal anunció apoyo psicológico mediante la Línea de la Vida, 800 911 2000, además del programa informativo El ABC de las emociones, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

La siguiente etapa será el diálogo con las compañías tecnológicas y la publicación oficial del decreto. La posibilidad de establecer obligaciones adicionales o sanciones dependerá de las decisiones regulatorias posteriores que adopte el Gobierno.

Fuente: Tribuna