Ciudad de México.- La Reforma Judicial ya impacta las decisiones de negocio de empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). De acuerdo con la primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex, 28.8 por ciento de las compañías consultadas redujo o pospuso proyectos de inversión, y otro 38.9 por ciento asegura que ahora actúa con mayor cautela antes de autorizar nuevas inversiones.

El sondeo, elaborado con la participación de 3,721 empresas afiliadas a 71 centros empresariales, encontró que en conjunto 67.8 por ciento reportó un impacto negativo de la reforma en sus decisiones de inversión o expansión. En contraste, solo 3.6 por ciento identificó efectos positivos.

¿Qué preocupa a las empresas sobre el nuevo Poder Judicial?

Según Coparmex, la principal inquietud está en la certeza jurídica que necesitan los proyectos para avanzar. Cuando una empresa invierte, no solo calcula costos de terreno, maquinaria o personal; también valora qué pasará si hay un incumplimiento de contrato, una disputa por propiedad o una decisión de autoridad que deba impugnarse.

En la encuesta, 55.9 por ciento de las empresas consideró que disminuyó la certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo. Apenas 3.3 por ciento percibió una mejora.

Para el organismo empresarial, esa percepción de menor previsibilidad en la respuesta judicial se traduce en más reservas al momento de comprometer recursos para abrir una planta, ampliar operaciones o lanzar nuevos proyectos.

El costo adicional: más protección legal y cambios en contratos

El impacto no se limita a frenar inversiones. Coparmex reportó que 46.3 por ciento de las empresas encuestadas ya modificó su estrategia de protección jurídica, con ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio.

Además, 34.5 por ciento dijo que todavía evalúa hacer cambios. En conjunto, 80.8 por ciento ya tomó medidas o analiza cómo reforzar su protección legal.

El organismo aclaró que no precisó cuánto aumentaron esos costos ni el monto total de las inversiones reducidas o aplazadas. Por ello, los resultados no permiten calcular una pérdida para toda la economía mexicana, pero sí muestran un cambio claro en la forma en que este grupo de empresas está evaluando sus proyectos.

El rezago judicial también pesa en el diagnóstico

Coparmex advirtió que el nuevo Poder Judicial también enfrenta problemas previos a la reforma, especialmente el rezago en la resolución de casos. Con cifras del Órgano de Administración Judicial, el organismo señaló que 210,459 asuntos federales reportados como integrados y susceptibles de resolución, equivalentes a 62.7 por ciento, acumulan más de 90 días sin sentencia.

Para las empresas, esa demora añade otra capa de incertidumbre: no basta con tener una vía legal para defender derechos si la resolución tarda demasiado y el conflicto sigue abierto.

Ante ese escenario, Coparmex planteó que el nuevo modelo judicial debe evaluarse con indicadores sobre tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de los juzgadores, previsibilidad de criterios y protección efectiva de derechos. En términos prácticos, la pregunta para los inversionistas es si podrán resolver disputas con reglas claras y en plazos útiles.

Fuente: Tribuna