Lima, Perú.- El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia durante 60 días en cinco centros penitenciarios ante el avance de actividades vinculadas con el crimen organizado. La medida, informada por Alejandro Aguilar, contempla los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, donde las autoridades buscan reforzar el control interno.
¿Qué penales estarán bajo estado de emergencia?
Los establecimientos incluidos son Challapalca, en la región de Puno; Cochamarca, en Junín; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima, y Trujillo Varones, en La Libertad. La declaratoria permitirá implementar protocolos especiales para enfrentar problemas de seguridad relacionados con organizaciones criminales dentro de las cárceles.
Las autoridades penitenciarias podrán intensificar los operativos, aumentar la presencia de personal de seguridad y establecer restricciones adicionales a los movimientos de los internos. También se prevén revisiones más frecuentes y un reforzamiento de la vigilancia en áreas comunes.
¿Qué actividades criminales buscan combatir?
Uno de los principales objetivos es reducir la capacidad de los grupos delictivos para mantener comunicación con personas en libertad y coordinar actividades desde los centros penitenciarios. Las autoridades podrán limitar determinadas comunicaciones de los reclusos con el exterior como parte de las acciones de control.
En Miguel Castro Castro, ubicado en Lima, se han señalado actividades relacionadas con tráfico de drogas y extorsión, mientras que en Ancón I se ha reportado la presencia de presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos graves.
Refuerzan operativos y vigilancia en los penales
Challapalca ha registrado enfrentamientos entre bandas rivales, de acuerdo con la información proporcionada, mientras Cochamarca enfrenta problemas relacionados con el control territorial de organizaciones delictivas. En Trujillo Varones también se han realizado operativos en los que fueron incautados teléfonos celulares, armas improvisadas y sustancias prohibidas.
La estrategia busca impedir que los internos utilicen infraestructura penitenciaria para mantener redes de comunicación y coordinación delictiva. Las requisas y controles adicionales permitirán a las autoridades detectar objetos prohibidos y reforzar la supervisión de las instalaciones.
¿Qué pasará después de los 60 días?
El estado de emergencia tendrá una duración inicial de 60 días, periodo durante el cual las autoridades evaluarán los resultados de las medidas extraordinarias. Al finalizar ese plazo, el Gobierno peruano deberá determinar si las condiciones de seguridad permiten regresar a los procedimientos habituales.
También podrá analizarse una eventual prórroga si persisten los problemas que motivaron la declaratoria. La decisión dependerá de los resultados de los operativos, el nivel de control alcanzado y la evolución de las actividades atribuidas a organizaciones criminales dentro de los cinco centros penitenciarios.
Fuente: Tribuna