Cancún, Quintana Roo.- Estados Unidos retiró las visas a la alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, así como a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, en medio de investigaciones federales que involucran a la funcionaria por presuntas irregularidades.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas por las que determinaron retirar las visas a los tres integrantes de la familia, por lo que tampoco se ha establecido oficialmente que la medida esté directamente relacionada con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

La decisión ocurre mientras la alcaldesa es señalada dentro de indagatorias federales relacionadas con un presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de huachicol fiscal y supuestos contactos con personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué investiga la FGR a la alcaldesa?

Las investigaciones de la FGR contemplan distintas líneas relacionadas con el manejo de recursos y estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México.

Una de las hipótesis busca determinar si recursos públicos, personal o estructuras municipales fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

La Fiscalía también busca establecer el origen y destino de los recursos bajo investigación, quién habría ordenado su utilización, cómo fueron canalizados y qué funcionarios pudieron haber participado en las operaciones.

¿La medida de Estados Unidos está relacionada con el huachicol fiscal?

Las pesquisas federales incluyen una línea relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, debido a posibles movimientos de recursos y a personas vinculadas con investigaciones sobre el ingreso irregular de combustibles al país.

Entre los casos judicializados se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, relacionada con investigaciones por huachicol fiscal. Sin embargo, la existencia de este expediente no significa que Rafael Marín Mollinedo se encuentre imputado en dicha causa.

Información de las investigaciones también refiere presuntos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La FGR deberá determinar si esas relaciones tienen relevancia penal y si existe alguna conexión con las demás líneas de investigación.

Hasta ahora, el retiro de las visas constituye una decisión de las autoridades estadounidenses cuyas causas no han sido detalladas públicamente. En México, las investigaciones continúan y corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales a la alcaldesa o a cualquier otra persona involucrada.

Fuente: Tribuna