Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes 31 de agosto la reforma de noviembre de 2025 a la Ley de Educación de Chihuahua, que establece fomentar el “uso correcto de la gramática y ortografía española” en la educación básica.
Por siete votos contra dos, el Pleno determinó que la restricción al lenguaje inclusivo que presuntamente buscaba impulsar el Congreso de Chihuahua no quedó expresamente establecida en el texto de la norma, por lo que rechazó los argumentos para invalidarla.
¿La reforma puede prohibir el lenguaje inclusivo?
Aunque la Corte validó la disposición, estableció una interpretación conforme que impide utilizarla para desalentar o prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo en la educación obligatoria del estado.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía, al presentar el proyecto, señaló que la disposición “no puede aplicarse para desalentar ni prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo en la educación obligatoria del Estado de Chihuahua”.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldó el proyecto, aunque expresó preocupación por la intención que, de acuerdo con los trabajos legislativos, habría tenido el Congreso estatal al aprobar la reforma: impedir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.
¿Por qué hubo ministros que pidieron invalidar la norma?
Los ministros Irving Espinosa Betanzo y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra de la validez de la disposición. Esquivel consideró que debía invalidarse porque desde su origen existía la intención de prohibir el lenguaje inclusivo y sostuvo que “las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme”.
La ministra planteó que, en lugar de restringir expresiones, la legislación debería promover una educación que fomente el uso adecuado de las reglas gramaticales y ortográficas sin reproducir desigualdad, discriminación, estereotipos, prejuicios o concepciones sexistas.
Por su parte, Espinosa Betanzo cuestionó que el Estado pueda establecer cuál es la manera “correcta” de hablar o escribir. Advirtió que hacerlo podría significar “fijar una ortodoxia” lingüística y generar discriminación indirecta hacia personas con menor escolaridad o provenientes de distintos contextos sociales.
En contraste, la ministra María Estela Ríos González defendió la enseñanza de la gramática y la ortografía como herramientas para mejorar la expresión y evitar un lenguaje confuso, al tiempo que sostuvo que esto no impide la utilización del lenguaje inclusivo ni la evolución natural del idioma. Recordó que las reglas lingüísticas pueden incorporar nuevas formas conforme cambia la manera de comunicarse.
Fuente: Tribuna