Ciudad de México.- Cumplir años no significa perder experiencia, capacidad ni productividad. Sin embargo, la edad sigue funcionando como una barrera que puede cerrar oportunidades laborales, limitar autonomía y convertir prejuicios profundamente arraigados en decisiones aparentemente normales.

Esa forma de discriminación es la que el Congreso de la Ciudad de México busca reconocer expresamente bajo el concepto de edadismo. La diputada de Morena Brenda Fabiola Ruiz Aguilar presentó una iniciativa para incorporarlo a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y establecer como discriminatorias las prácticas basadas en la edad que nieguen, restrinjan o menoscaben derechos. La propuesta fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.

La diferencia puede parecer únicamente jurídica, pero tiene una dimensión social mayor. La legislación capitalina ya reconoce la edad como motivo de discriminación; lo que propone la reforma es identificar específicamente los estereotipos, prejuicios y conductas institucionales que producen exclusión por esa causa. Es decir, pasar de reconocer el motivo a nombrar el mecanismo.

El problema se vuelve particularmente visible en el trabajo, donde determinada edad puede interpretarse como pérdida automática de capacidad, dificultad para adaptarse o menor rendimiento, aun cuando la experiencia profesional pueda representar justamente lo contrario.

El debate tampoco se limita a quienes han llegado a la vejez. Desde febrero, el diputado del PT Ernesto Villarreal Cantú impulsa otra iniciativa en el Congreso capitalino para eliminar límites de edad y otros criterios generacionales en el acceso, permanencia y promoción laboral, con particular atención en las personas de 45 años y más. La propuesta también busca incorporar el edadismo a la legislación antidiscriminatoria.

En la Ciudad de México, el problema tiene además una percepción extendida. La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2025, citada en la iniciativa de Ruiz Aguilar, señala que 75.3 por ciento de los habitantes considera que existe discriminación hacia las personas mayores. Este sector ocupa el sexto lugar entre los grupos percibidos como más discriminados en la capital.

El tema ganará relevancia conforme avance el envejecimiento de la población. Según datos de Conapo incluidos en la propuesta, México tenía en 2025 poco más de 17.1 millones de personas adultas mayores, equivalentes a 12.8 por ciento de la población. Para 2070 podrían representar 34.2 por ciento.

Reconocer jurídicamente el edadismo no eliminará por sí mismo las barreras para conseguir empleo, acceder a servicios o participar en decisiones. Pero sí obligaría a mirar de otra manera prácticas que durante años han sido normalizadas.

El reto no termina, por tanto, en agregar una definición a la ley. Está en evitar que cumplir años se convierta automáticamente en perder derechos, oportunidades o capacidad de seguir siendo productivo.

Fuente: Tribuna