Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) localizó este miércoles 26 de agosto nueva evidencia relacionada con las operaciones de la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario, y que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre una presunta red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal ferroviario.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que las indagatorias llevaron al descubrimiento de dos bodegas ocultas dentro de un inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
¿Qué encontró la FGR en las bodegas?
Durante un operativo, ministerios públicos y peritos de la FGR, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos.
De acuerdo con Godoy Ramos, los documentos podrían dar cuenta de una presunta simulación realizada por integrantes de la red investigada. También fueron localizados archivos relacionados con otros esquemas delictivos que ya son indagados por la Fiscalía.
La funcionaria señaló que el análisis de la documentación permitió identificar indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de Ingemar. Estos elementos, dijo, aportan información sobre el presunto modus operandi y permitirían ampliar las líneas de investigación.
¿Qué dijo la FGR sobre Ernesto Ruffo Appel?
Godoy Ramos indicó que las investigaciones involucran a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y a otras 24 personas, de las cuales nueve ya fueron detenidas. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar las responsabilidades correspondientes.
La fiscal reiteró que la institución respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que todas las personas vinculadas cuentan con las garantías legales para ejercer su defensa frente a las pruebas integradas en las carpetas de investigación.
Sobre Ruffo Appel, Godoy afirmó que la FGR no ha sido notificada de una solicitud formal para modificar su medida cautelar y permitirle cumplir la prisión preventiva en su domicilio. Esto ocurre mientras su defensa sostiene que promovió un amparo para solicitar una audiencia con ese objetivo.
Finalmente, la fiscal aseguró que el exgobernador recibe atención médica durante su internamiento en el penal del Altiplano y que sus derechos son respetados. La declaración se produjo después de que su hija, Verónica Ruffo, denunciara presuntas irregularidades en la atención y suministro de medicamentos durante su reclusión.
Fuente: Tribuna