Nueva York, Estados Unidos.- La cadena CNN reportó que una jueza federal del Distrito de Manhattan anuló el viernes 21 de agosto la prohibición de visado impuesta por la actual administración de Donald Trump contra inmigrantes de 75 países. La jurista Jeannette Vargas determinó que la medida era ilegal, pues excedía la autoridad legal del secretario de Estado Marco Rubio para tomar decisiones al respecto. El Departamento de Estado había suspendido en enero del 2026 el visado de inmigrante para casi el 40 por ciento de los países del mundo.
De acuerdo con CNN, la jueza Vargas alegó que la medida contravenía una ley aprobada en 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad para conceder visas, y que limita la injerencia del secretario de Estado en asuntos consulares.
¿Cuáles fueron los argumentos de la jueza federal para revocar la orden?
La jueza federal señaló que la orden de la administración Trump para restringir la inmigración debe ejercerse dentro de marcos legales específicos establecidos por el Congreso. La decisión judicial enfatizó que las órdenes ejecutivas no pueden contravenir las disposiciones migratorias codificadas en la ley federal estadounidense.
Los demandantes en el caso argumentaron que la prohibición causó daño económico a empleadores y afectó a miles de solicitantes de visa en todo el mundo. Presentaron evidencia de que muchas empresas estadounidenses requerían personal especializado que no podía ser contratado localmente debido a la medida. El tribunal consideró válidos estos argumentos durante la revisión judicial.
¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para la política migratoria?
La resolución restablece el proceso de emisión de visas de inmigrantes conforme a los procedimientos establecidos antes de la orden. Los solicitantes ahora pueden continuar con sus trámites en las embajadas y consulados estadounidenses sin la restricción anterior.
Las agencias consulares estadounidenses recibieron instrucciones de reanudar la evaluación de solicitudes de visa que habían sido detenidas bajo la orden ejecutiva. El Departamento de Estado confirmó que el proceso se ajustaría a la capacidad operativa de cada oficina consular. Se estima que miles de solicitudes pendientes comenzarán a procesarse conforme a los calendarios de cada sede.
Esta decisión judicial se suma a otros fallos que han cuestionado la legalidad de diversas órdenes ejecutivas migratorias. Diferentes tribunales federales han intervenido en casos relacionados con políticas de restricción de ingreso a Estados Unidos. Los expertos en derecho migratorio esperan que esta sentencia genere un precedente para futuras impugnaciones de medidas similares.
Fuente: Tribuna