Perú.- El juez supremo Juan Carlos Checkley renovó la orden de ubicación y captura contra la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
La decisión fue difundida este sábado en Lima y busca ejecutar la sentencia emitida el 4 de diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que ordenó la captura de Chávez para que cumpla una pena efectiva por el delito de conspiración para una rebelión contra el Estado peruano.
¿Qué implica la renovación de la orden de captura?
Checkley dispuso que se mantengan vigentes las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional. También ordenó comunicar la medida a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima.
Sin embargo, la medida enfrenta un obstáculo diplomático, debido a que Betssy Chávez se encuentra actualmente en México bajo el asilo diplomático concedido por el gobierno de ese país.
¿Qué respondió la defensa de Chávez?
El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, cuestionó la resolución y aseguró que la captura de su representada no será posible mientras permanezca protegida por el asilo diplomático otorgado por México.
A través de X, Noblecilla criticó al juez Checkley y sostuvo que la jurisdicción peruana no puede colocarse por encima de la soberanía mexicana ni del derecho internacional.
Betssy Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada de México en Lima, después de recibir el asilo diplomático. La decisión provocó entonces una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Posteriormente, el Gobierno peruano encabezado por Keiko Fujimori otorgó un salvoconducto para que Chávez pudiera trasladarse a México, donde actualmente se encuentra.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció tras esa decisión la reanudación de las relaciones diplomáticas con Perú y calificó el otorgamiento del salvoconducto como un gesto de “buena voluntad” por parte del Gobierno peruano.
La ex primera ministra fue condenada por su papel como coautora del delito de conspiración para una rebelión relacionado con el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022. La nueva orden mantiene abierto el conflicto judicial y diplomático en torno a su situación.
Fuente: Tribuna