Sinaloa, México.- El Congreso de Sinaloa avaló este 21 de agosto el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura del estado tras 112 días de licencia. Según alegó Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la entidad, el retorno del funcionario es legal, pues en el proceso investigativo no se encontraron pruebas contra el gobernador. Las declaraciones de López Portillo contrastan con la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que en esta misma jornada informó que mantiene investigaciones abiertas contra diez personas acusadas formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EU), incluido Rocha Moya, de colaborar con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y protección política.
López Portillo subrayó en una conferencia de prensa que Rocha Moya había notificado de manera formal su reincorporación al cargo, y no era necesario realizar una sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, pues actualmente los diputados sesionan en la Comisión Permanente. En consecuencia, el documento presentado por el gobernador fue leído para dar a conocer su regreso, y con ese acto se validó el proceso.
¿Cuál es la situación legal del gobernador ante las investigaciones?
Rubén Rocha Moya afirmó este 21 de agosto que la FGR no había encontrado pruebas en su contra durante la investigación, y por esa razón había tomado la decisión de regresar a la gubernatura de Sinaloa. Sin embargo, la Fiscalía General de la República alegó que continúa con procedimientos investigativos en contra de las diez personas señaladas por las autoridades estadounidenses, incluyendo Rocha Moya. La dependencia judicial acotó que estos casos permanecen en trámite dentro del sistema penal mexicano sin resolución definitiva hasta el momento. Las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense afirman que los acusados colaboraron con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y protección política.
El gobernador Rocha Moya asumió nuevamente sus funciones en la entidad federativa. Su reintegración a la administración pública estatal fue formalizada tras el análisis legislativo local que determinó la procedencia legal de esta acción. El Congreso local no encontró impedimento jurídico para que el mandatario retomara el ejercicio de su puesto.
¿Qué implicaciones tiene este retorno mientras continúan las investigaciones?
La coexistencia de investigaciones activas en la FGR y el regreso del gobernador a sus funciones plantea una situación donde ambos procesos operan de manera paralela dentro del marco legal mexicano. Las investigaciones federales seguirán su curso conforme a los procedimientos establecidos en la ley penal. Simultáneamente, Rocha Moya ejercerá las responsabilidades propias de su cargo estatal.
El Congreso de Sinaloa fundamentó su respaldo legal en los ordenamientos locales y constitucionales aplicables. Esta posición legislativa refleja que, desde la perspectiva del órgano estatal competente, no existe obstáculo para que el ejecutivo local continúe en funciones durante el tiempo que duren las investigaciones federales contra las diez personas acusadas.
Fuente: Tribuna