Ciudad de México.- El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó este martes 4 de agosto de manera definitiva la resolución que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a entregar las versiones públicas de los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus.
La decisión concluye un litigio de cuatro años promovido por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que impugnó la negativa de las autoridades militares para transparentar los convenios firmados durante 2018 y 2019. Con este fallo, la dependencia deberá iniciar el proceso de desclasificación de la documentación correspondiente.
¿Qué contratos deberá entregar la Defensa?
La sentencia establece que la Secretaría de la Defensa Nacional deberá publicar las versiones públicas de los contratos DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018, celebrados con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para la prestación del denominado Servicio de Monitoreo Remoto de Información. Ambos convenios superan un monto conjunto de 140 millones de pesos y corresponden a la adquisición de licencias y servicios especializados de monitoreo de comunicaciones. El Tribunal rechazó el argumento de que la información debía permanecer reservada por motivos de seguridad nacional.
Litigio inició tras investigación “Ejército Espía”
El caso cobró relevancia pública luego de que R3D difundiera en 2022 la investigación “Ejército Espía”, donde documentó el presunto uso del software Pegasus para intervenir teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos. Posteriormente, el entonces INAI ordenó la entrega de los contratos; sin embargo, la dependencia militar reservó nuevamente la información, lo que derivó en un juicio de amparo. Ahora, el Tribunal confirmó que la autoridad incumplió con sus obligaciones de transparencia y deberá acatar la resolución judicial.
Organizaciones destacan avance en transparencia
Integrantes de R3D señalaron que la resolución representa un paso importante para la rendición de cuentas sobre el uso de tecnologías de vigilancia por parte del Estado mexicano. La organización consideró que el cumplimiento del fallo permitirá conocer el alcance de las contrataciones y fortalecer el acceso a la información pública. Una vez que la sentencia sea notificada formalmente, comenzará el plazo legal para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue las versiones públicas de los contratos y cumpla con la determinación del Poder Judicial.
Fuente: Tribuna