Ciudad de México.- Hace solo unas horas se conoció que un juez federal dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, y otras siete personas imputadas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, más conocido como huachicol fiscal. Según fuentes cercanas al proceso, tras concluir la audiencia en la mañana de hoy domingo 19 de julio, el juez determinó que los acusados debían ser recluidos en el Altiplano, la penitenciaría de máxima seguridad ubicada en el Estado de México (Edomex).
Vale apuntar que, durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada expuso casi cerca de una centena de datos de prueba y, en consecuencia, formuló la imputación contra Ernesto Ruffo y los demás acusados.
Cabe reseñar que Ernesto Ruffo está señalado de presuntamente participar en una red compleja de huachicol fiscal, denominado así al desvío ilegal de combustible del Estado. Las investigaciones indican que este esquema habría causado pérdidas de hasta 4 mil millones de pesos en las finanzas de Baja California durante su gestión administrativa.
¿Cuál fue el alcance del esquema de huachicol fiscal?
En este sentido, trascendió que la red investigada operaba mediante la desviación sistemática de ingresos fiscales hacia cuentas no autorizadas. Los recursos que debieron destinarse a servicios públicos y obra social fueron canalizados a través de estructuras irregulares, y en primera instancia las autoridades federales cuantificaron el monto de las pérdidas como multimillonario; varios reportes aluden a la cifra de 4 mil mdp.
El centro penitenciario donde será recluido Ernesto Ruffo es el Altiplano, una instalación ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Este penal es conocido por albergar a reos de alto perfil en esquemas de máxima seguridad. La transferencia del exgobernador hacia este centro representa el traslado desde la entidad donde cometieron los delitos hasta la jurisdicción federal centralizada.
¿Qué sigue en el proceso judicial del exgobernador?
La prisión preventiva será el régimen de reclusión mientras avanza la instrucción de la causa en el sistema de justicia penal federal. Durante este período, la defensa de Ernesto Ruffo podrá presentar amparos y recursos legales para impugnar la medida cautelar. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fundamentaron ante el juzgado la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado y evitar la obstaculización del proceso investigativo.
La participación del funcionario del Partido Acción Nacional (PAN) en esquemas de desviación fiscal se suma a otros casos similares en gobiernos locales que han sido investigados en años recientes. En este contexto, Baja California ha enfrentado múltiples escándalos administrativos relacionados con corrupción y manejo de recursos públicos. La captura y presentación de Ernesto Ruffo ante autoridades judiciales marca un avance en las investigaciones sobre irregularidades financieras durante su administración.
La FGR sentenció que las autoridades competentes continuarán recopilando evidencia documental y testimonial para sustentar la acusación formal ante el tribunal competente. El proceso penal seguirá los protocolos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, la defensa tendrá derecho a acceso a las pruebas y a presentar su propia evidencia durante las audiencias posteriores.
Fuente: Tribuna