Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo una sentencia de 25 años de prisión en contra de Brenda ‘N’ y María ‘N’, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de extorsión agravada en perjuicio del dueño de un establecimiento de comida en Iztacalco. Además, las autoridades judiciales impusieron a cada una de las sentenciadas el pago de una multa económica de 565 mil 700 pesos.

El modus operandi: Chalecos e identificaciones apócrifas

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2025 en un local de venta de alimentos ubicado en la alcaldía Iztacalco. Las dos mujeres arribaron al lugar portando chalecos e identificaciones falsas para hacerse pasar por inspectoras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

María ‘N’ abordó primero a un empleado para notificarle que el negocio sería clausurado por supuestas “condiciones de insalubridad”, asegurando que la multa correspondiente oscilaba entre los 90 mil y los 120 mil pesos.

Al ser alertado por su trabajador, el propietario del comercio se trasladó al lugar. Fue en ese momento cuando las falsas funcionarias le exigieron la cantidad de 25 mil pesos en efectivo a cambio de frenar la supuesta clausura, bajo la promesa de que ellas “intercederían” ante un coordinador de la dependencia.

El comerciante fingió cooperar y salió del establecimiento con el argumento de reunir el dinero solicitado. Sin embargo, durante su trayecto, localizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a quienes solicitó auxilio.

Los oficiales acompañaron a la víctima de regreso al local. Tras cuestionar a las mujeres y corroborar que la documentación y las credenciales que portaban eran completamente apócrifas, los policías procedieron a su detención inmediata y las pusieron a disposición del Ministerio Público.

Durante el proceso penal, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la CDMX presentó un expediente sólido que incluyó:

  • Testimonios directos de las víctimas y los elementos captores.
  • Dictámenes periciales que demostraron la falsedad de los objetos utilizados.

En el boletín informativo del caso, las autoridades capitalinas reiteran el llamado a los comerciantes a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o cobro de piso por parte de personas que se ostenten de manera sospechosa como servidores públicos.

Fuente: Tribuna