Coahuila, México.-Este lunes 6 de julio, trasciende que una jueza en Coahuila dictó una resolución que frenó el proceso penal en contra de un funcionario local acusado de presuntos abusos sexuales contra al menos cuatro menores. Según el reporte difundido sobre el hecho, la desestimación de pruebas y testimonios generó inconformidad en la defensa de las víctimas, quienes ya presentaron una apelación contra la determinación judicial.
Cabe apuntar que la resolución fue dictada por la jueza Sandra Ramona Suárez dentro de la causa penal 255/2026 en la que el acusado Roberto ‘N’, funcionario del Registro Público de la Propiedad, era investigado por presuntos delitos de abuso sexual contra menores de edad. En este orden se dio a conocer que Ramona Suárez determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para abrir un proceso penal.
Al respecto, vale señalar que el caso involucra denuncias que habían sido interpuestas por los representantes legales de los menores afectados. En los registros disponibles, las familias alegaron que existía material probatorio relevante que la jueza no consideró en su resolución. Por esta razón, la defensa de las víctimas cuestionó la fundamentación de la determinación que interrumpió el avance del proceso.
¿Qué argumentos presentó la defensa de las víctimas?
La defensa de las víctimas argumentó que la jueza desestimó pruebas documentales y testimonios que eran centrales para acreditar los hechos denunciados. Los abogados de los menores afectados indicaron que la resolución adolecía de un análisis minucioso de la evidencia presentada durante la investigación preliminar. Esta situación llevó a que presentaran inmediatamente el recurso de apelación para impugnar la decisión judicial.
Los representantes de las víctimas enfatizaron que existían inconsistencias en la aplicación de los criterios legales utilizados por la jueza. Según sus alegatos, se había omitido considerar declaraciones de testigos presenciales y dictámenes periciales que resultaban determinantes para el caso. La defensa aseguró que los elementos de prueba respaldan la viabilidad del proceso penal en contra del funcionario acusado.
¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la resolución?
La determinación de la jueza paralizó temporalmente el avance del procedimiento penal. Las familias de los menores denunciantes manifestaron su inconformidad con la decision judicial, la cual consideran lesiva para los derechos de las víctimas. La paralización del proceso ha generado preocupación entre los actores involucrados en el caso respecto al acceso a la justicia.
La apelación presentada por la defensa de las víctimas se encuentra en trámite ante la instancia superior correspondiente. Los abogados solicitaron que se revierta la decisión de la jueza y se ordene la continuación del proceso penal. El resultado de esta apelación determinará si el procedimiento se reanuda o si persisten los obstáculos procesales.
El caso permanece bajo seguimiento en los registros del sistema judicial de Coahuila. Las partes involucradas continúan presentando argumentos y evidencia complementaria en el contexto de la apelación en trámite. La resolución final sobre el destino del procedimiento penal podría conocerse en las próximas semanas conforme avance la revisión por parte de la instancia superior.
Fuente: Tribuna