Ciudad de México.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 29 de junio de 2026 el inicio formal de un proceso de consulta nacional e indígena en todo el territorio mexicano. El objetivo de este despliegue institucional es enriquecer y consolidar el proyecto de la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este histórico mecanismo de participación ciudadana busca que las propias comunidades originarias y afrodescendientes dicten las pautas de justicia social, autonomía y reconocimiento jurídico que quedarán plasmadas en el marco constitucional del país.
Participarán 69 pueblos indígenas
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que la convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que comenzará formalmente el proceso de consulta.
La funcionaria detalló que participarán 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El proceso tendrá cinco etapas
La etapa informativa se desarrollará del 1 de julio al 6 de agosto, periodo en el que se distribuirán materiales explicativos sobre el contenido de la iniciativa. Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, las comunidades deliberarán la propuesta conforme a sus sistemas normativos y formas tradicionales de organización.
Un dato relevante es que durante la consulta se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en ciudades como Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro para recoger opiniones y propuestas.
Buscan fortalecer los derechos colectivos
El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la nueva legislación tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, además de reconocer plenamente su personalidad jurídica y fortalecer su relación con las instituciones del Estado mexicano.
La consulta será coordinada por el INPI, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la participación de 21 dependencias federales, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fungirá como observadora del proceso.
Adelfo Regino Montes
Fuente: Tribuna