Ciudad de México.- Este viernes 26 de junio se dio a conocer que el Poder Judicial analizará la negativa histórica del Ejército Mexicano para entregar archivos relacionados con la Guerra Sucia. La noticia adquiere notoriedad debido a que la institución castrense siempre ha mantenido una postura poco transparente respecto a la información sobre hechos de represión estatal que han ocurrido durante décadas.
Hace solo unas horas se informó que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de Ciudad de México se prepara para abordar una temática que podría cambiar la narrativa imperante en el acceso a información vinculada con la ‘Guerra Sucia’ del Ejército Mexicano.
De acuerdo con los reportes difundidos, el ente jurídico designó a la magistrada Sandra Janet Hernández Chávez para presentar el proyecto de resolución del amparo en revisión 43/2025, que se enfoca en los archivos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A propósito, cabe apuntar que la omisión de documentos militares ha obstaculizado los esfuerzos de víctimas y sus familias para acceder a información que podría esclarecer desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos. Esta negativa se extiende desde los años sesenta del siglo pasado, cuando se intensificaron las operaciones de represión contra movimientos sociales y políticos.
¿Cuál es el alcance de la información retenida por el Ejército?
Los archivos militares no entregados contienen registros sobre operativos, detenciones y vigilancia que formaron parte de las estrategias de represión estatal desde los años 60 del siglo XX. Documentos que permanecen clasificados o simplemente no han sido localizados por las autoridades competentes. La falta de acceso a estos registros impide que se establezca un relato completo de lo ocurrido durante la Guerra Sucia.
Víctimas y organizaciones de derechos humanos han demandado reiteradamente la apertura de estos archivos. La información contenida en esos documentos podría ayudar a identificar a responsables de crímenes de lesa humanidad y contribuir a procesos de justicia transicional. Sin embargo, la resistencia institucional ha mantenido estos expedientes fuera del alcance público.
¿Qué pasos seguirá el Poder Judicial en el análisis?
El análisis judicial se enfocará en examinar las bases legales de la retención de información y evaluar si la negativa del Ejército Mexicano cumple con marcos normativos de transparencia y acceso a la información pública. La revisión incluirá determinar si existe justificación válida para mantener clasificados estos archivos o si constituye una violación a derechos de las víctimas.
El proceso judicial podría sentar precedentes importantes respecto a la obligación de las instituciones castrenses de transparentar información histórica. Expertos en derechos humanos han argumentado que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales suscritos por México obligan a revelar información sobre represión estatal y violaciones sistemáticas.
La deuda histórica con quienes buscan justicia permanece vigente. Familias de desaparecidos, activistas y organizaciones continúan presionando por el acceso a documentación que podría proporcionar verdad sobre lo sucedido durante la Guerra Sucia. El análisis del Poder Judicial representa una oportunidad para avanzar en la rendición de cuentas y la reparación a víctimas.
Fuente: Tribuna