Ciudad de México.- Un colectivo de mujeres trans fue desalojado por elementos de seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México después de mantener un plantón durante varios días pidiendo diálogo con autoridades. Victoria Samano, integrante del grupo, acusó que el desalojo se ejecutó con violencia y denunció transfobia en el operativo realizado.
Samano recordó que las integrantes del colectivo forman parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, un programa federal que ampara a quienes sufren riesgos por su trabajo de defensa de derechos. La activista señaló que este antecedente debió considerarse antes de proceder al desalojo de las manifestantes.
Las mujeres trans mantuvieron su presencia en las inmediaciones de Gobernación exigiendo una reunión formal con funcionarios estatales para presentar sus demandas y establecer un diálogo institucional. El colectivo no precisó cuántos días duró exactamente el plantón ni qué respuesta recibieron antes del desalojo.
¿Cuál fue la razón del desalojo?
Las autoridades no han emitido un comunicado oficial explicando los motivos específicos del operativo. Samano atribuyó el desalojo a una actitud de Gobernación que ignora sistemáticamente las peticiones de sectores vulnerables y rechaza el diálogo directo con colectivos de derechos humanos.
El desalojo incluyó el retiro físico de las manifestantes, lo que generó confrontación en el sitio. La activista enfatizó que el trato recibido configuró, en su perspectiva, una acción discriminatoria basada en la identidad de género de las integrantes del colectivo.
¿Qué demandas presentaba el colectivo?
Hasta el momento no se ha especificado el contenido completo de las demandas que las mujeres trans querían presentar directamente a Gobernación. El colectivo buscaba principalmente lograr que autoridades los recibieran y escucharan sus peticiones en una audiencia formal.
Samano apuntó que el bloqueo al diálogo y la subsecuente acción de desalojo reflejan un patrón de marginación que enfrentan las personas trans en la entidad. El Mecanismo de Protección federal, del cual son parte las activistas, fue presentado como evidencia de que el colectivo cumple requisitos institucionales para ser tratado con garantías.
El incidente genera cuestionamientos sobre los canales de atención que Gobernación dispone para sectores marginados y la disposición del gobierno estatal a establecer mesas de diálogo con organizaciones de derechos humanos.
Fuente: Tribuna